El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está cansado de las quejas de los mexicanos. Por eso produjo y difundió en internet un comercial llamado “Ya chole.” Las críticas en las redes sociales fueron tantas que rápidamente lo sacaron de su página web. Pero fue una decisión tonta. Nada desaparece de internet. El comercial sigue viviendo en YouTube (y aquí está bit.ly/1kvERfQ).
Pero lo que Peña Nieto debe saber es que los mexicanos también están cansados de él y de su temor a tomar decisiones fuertes. Parece que en los temas más graves, el presidente desaparece. Tomemos el caso de la corrupción.
Primero la verdad, aunque duela: México es uno de los países más corruptos del mundo. La organización Transparencia Internacional puso a México el año pasado en el lugar 103 de un total de 175 países y territorios. Este índice mide la percepción de corrupción dentro del sector público de cada país. Traducción: Los mexicanos creen que su gobierno es muy corrupto. (Aquí está la lista: www.transparency.org/cpi2014/results)
Eso, desafortunadamente, no es noticia. Lo grave está en que el gobierno de Peña Nieto ha decidido no hacer nada significativo contra la corrupción. La política oficial es dejar que todo siga igual.
La percepción de corrupción e impunidad viene desde arriba. Un ejemplo ya muy trillado. Si la esposa del Presidente, Angélica Rivera, compró una casa de $7 millones de dólares de un contratista del gobierno — al igual que el secretario de Hacienda Luis Videgaray — y no pasó nada, entonces ¿qué se puede esperar del resto del gabinete y de otros funcionarios públicos?
La realidad es que la esposa del Presidente y su principal colaborador se beneficiaron por su relación con una empresa que gana millones de dólares en contratos con el gobierno. Ellos dicen que todo es legal. Sin embargo ¿por qué todos los mexicanos no tienen acceso a los mismos tipos de financiamiento y condiciones que recibieron la señora Rivera y el señor Videgaray para comprar sus casas?
El otro problema de corrupción vino con la investigación. Peña Nieto puso a un subalterno — Virgilio Andrade — a investigar y, por supuesto, absolvió de cualquier culpa a la esposa de su jefe y a su principal asesor económico.
¿Qué más podemos hacer? se pregunta el gobierno mexicano.
Mucho, mucho más. Y los ejemplos están en Guatemala y en Nigeria.
Si de verdad el gobierno de Peña estuviera interesado en luchar contra la corrupción, haría un acuerdo con Naciones Unidas — como lo hizo Guatemala — para crear una comisión investigadora, internacional e independiente. En Guatemala el presidente y la vicepresidenta fueron obligados a renunciar por acusaciones de corrupción. Peña Nieto nunca se atrevería a dejar que Naciones Unidas lo investigara. ¿Por qué? Porque esa investigación no la podría controlar.
El otro ejemplo viene de Nigeria, que estaba en el lugar 136 de la lista de Transparencia Internacional. Ahí el presidente Muhammadu Buhari, elegido en marzo, ordenó una revisión de casi todos los contratos gubernamentales, creo una comisión anti-corrupción y arrestó al ministro y al ex-ministro de la empresa estatal de petróleo, según reportó The New York Times.
Nigeria, como México, es un país petrolero. Pero si México siguiera el ejemplo de Nigeria, pondría a revisión todos los contratos hechos por PEMEX en los últimos tres años. Además, investigaría a fondo cualquier contrato por más de un millón de dólares o los otorgados sin concurso en cualquier secretaría. (Nada más de pensarlo, muchos están mojando de sudor esta página del diario o se les está resbalando el celular.)
Es decir, si México de verdad quisiera hacer algo contra la corrupción y la impunidad, podría perfectamente seguir los ejemplos de Nigeria y Guatemala. Pero, a propósito, el gobierno de Peña Nieto ha decidido no invitar a investigadores de Naciones Unidas ni poner a revisión todos los contratos gubernamentales cuestionables.
Así que, aunque duela, hay que decirlo: México es un país muy corrupto y lo seguirá siendo durante el gobierno de Peña Nieto. El Presidente no ha demostrado ninguna voluntad para cambiar prácticas muy viejas. Si lo hiciera, los más cercanos a él serían los más afectados.
Y mientras nada cambie, los mexicanos tienen todo el derecho de quejarse y de decir: “Ya chole con la corrupción.”
(Posdata: Un problema similar ocurre con respecto a los derechos humanos. Esta semana Estados Unidos detuvo un pago a México de cinco millones de dólares por graves violaciones a los derechos humanos … como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre del ejército en Tlatlaya. El gobierno, muchas veces, parece ser el principal obstáculo para conocer la verdad e impartir justicia. Sí, ya chole también con los asesinatos, los secuestros y los desaparecidos.)
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Mexico’s Corruption Problem
By Jorge Ramos
President Enrique Peña Nieto’s administration is fed up with the persistent complaints from his fellow Mexicans. So much so that the government recently produced an online ad titled “Enough!”
The wave of criticism that broke on social media after the ad was released led to its swift removal from the government’ website. But since nothing really disappears from the Internet, the ad still lives on (it can be seen here: bit.ly/1kvERfQ). The overwhelming response to this wrongheaded campaign underlines the fact that Mexicans are tired of Peña Nieto and his inability to deal with serious issues in Mexico.
Take an issue like corruption, for instance.
Mexico is widely perceived as one of the most corrupt countries in the world. In fact, last year, Transparency International listed Mexico as No. 103 in a list of 175 countries and territories based on the perception of corruption within each country’s public sector (with No. 1 being Denmark, which has the lowest perception of corruption). Translation: Mexicans think their government is deeply corrupt.
Unfortunately, this is not news. But what concerns Mexicans is the fact that the Peña Nieto administration has refused to take any effective steps against corruption in the country. The official government policy seems to be: Let everything remain the same.
It’s not hard to understand why the perception of corruption and impunity is so pervasive in Mexico. After all, it starts at the top. Two well-known examples: Peña Nieto’s wife, Angelica Rivera, bought a luxury home from a government contractor, as did Luis Videgaray, the president’s secretary of finance.
So two people close to the president appear to have benefited from their relationships with a company that has earned millions of dollars from government contracts. And while Rivera and Videgaray maintained that the transactions were legal and no rules were broken, the conflict of interest was clear. After the real estate purchases were made public (Rivera has now sold her house), many Mexicans were left asking: How come we don’t have access to the same kind of favorable financing and terms that Rivera and Videgaray received to purchase their homes?
To make it seem like he was taking action, Peña Nieto designated a subordinate, Virgilio Andrade, to conduct an investigation. But, surprise, Andrade found that his boss’ wife and his boss’ top economic adviser did nothing wrong. If this is how the administration behaves when it comes to allegations of corruption, what are people to expect from the rest of Peña Nieto’s Cabinet and other public officials? If we turn over a few more rocks, what else will we find?
If the administration had any real interest in fighting corruption in a transparent manner, officials could have, say, reached a deal with the United Nations to create an independent inquiry commission — just as Guatemala did to deal with allegations of corruption there. In Guatemala, once allegations were detailed by the commission, both the president and vice president resigned. But Pena Nieto would never allow a U.N. team to investigate any scandals. Why? Because he wouldn’t be able to control such an investigation.
Another example for Mexico to emulate is Nigeria, No. 136 on the Transparency International list. The country’s newly elected President Muhammadu Buhari has ordered a review of almost every government contract, and he has created an anti-corruption commission. He also arrested the minister and the former minister of the state-owned oil company earlier this month, according to a report in The New York Times, after both faced accusations of theft. Mexico, like Nigeria, is an oil-rich country. If Peña Nieto really cared about fighting corruption, he would launch an independent investigation of oil contracts with PEMEX, the Mexican state-owned petroleum company, or any contract worth over a million dollars. And let’s look at any government contract that has been awarded without a bidding process. (I am sure that such suggestions make many people in Mexico nervous).
But no, Peña Nieto will not invite U.N. inspectors to Mexico, nor will he launch a review of all questionable government contracts. The president has showed no will to change Mexico’s old ways. And if he did, his closest allies might be the most affected. As long as nothing changes, Mexicans will have every right to complain.
(P.S.: Mexico has similar problems when it comes to human rights. This week, the U.S. held back a $5 million antidrug grant because of serious human rights violations, such as the disappearance of 43 college students from Ayotzinapa. Sadly, the government often seems to be the main obstacle for revealing the truth and bringing criminals to justice.)
