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Permanecerán abiertas escuelas en Kansas

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Las clases de verano y los programas de comidas continuarán dando servicio a los estudiantes de Kansas, y los 286 distritos escolares públicos en el Estado abrirán en agosto para el año escolar 2016 -17. El pasado viernes, los legisladores estatales se reunieron en una sesión especial y aprobaron el proyecto de ley de financiamiento educativo. H.B.2001 provee una solución temporal a la estructura financiera escolar, cumpliendo con la orden de la Corte Suprema de Kansas para remediar la desigualdad de financiamiento entre los distritos escolares ricos y pobres.
El gobernador de Kansas, Sam firmó el proyecto de ley el lunes, y el fiscal general del Estado, Derek Schmidt emitió una declaración describiendo el H.B. 2001 como “constitucionalmente equitativo”.
Él dijo: «Me siento positivo de que… mantendrá las escuelas abiertas y operando sin interrupción».
El voto para el H.B 2001 en la Cámara fue de 116 -6 y en el Senado, 38 -1. Los legisladores lo aprobaron al final del segundo día de la sesión especial, convocada por el gobernador el 7 de junio para evitar un cierre de escuelas a nivel estatal. El 27 de mayo, la Corte Suprema de Kansas había estipulado que el sistema de financiamiento escolar público de kínder al doceavo grado era inconstitucionalmente injusto.
Los siete jueces impusieron una fecha límite del 30 de junio para arreglar la estructura financiera escolar o las escuelas se cerrarían el 1º de  julio.
El proyecto de ley exige un aumento de ayuda estatal para los distritos escolares pobres por un total de $38 millones para el año escolar 2016 -17. A nivel local, las escuelas de Kansas City, Kansas obtendrán unos $2.6 millones; otros distritos perderán fondos: las escuelas en Olathe, unos $75,000; Shawnee Mission unos $1.4 millones; y Blue Valley $2.4 millones. A nivel estatal, 169 distritos escolares verán diferentes aumentos de financiamiento, 77 perderán alguna ayuda, y 40 no verán ningún cambio, lo reporta La Prensa Asociada.
Los fondos adicionales se obtendrán de otros departamentos estatales y $13 millones serán obtenidos de ingresos de la venta del Departamento de Ciencias Biológicas de Kansas (KBA, por sus siglas en inglés) si se vende por más de $25 millones. Si se vendiera por menos, el proyecto de ley permite que hasta $13 millones se tomen de “un fondo de necesidades extraordinarias” establecido para ayudar a las escuelas de kínder a doce grado que enfrenten demandas inesperadas. El resto de los $15 millones vendrán de las cuotas de vehículos y de la porción del Estado de un acuerdo legal en 1998 con las compañías de tabaco.
El pasado diciembre, la directiva de KBA votó por privatizar después de perder gran parte de su financiamiento estatal. En marzo, los legisladores de Kansas aprobaron un proyecto de ley -S.B. 474 -permitiendo la venta por parte del Estado de los bienes de KBA. La venta de la agencia de desarrollo económico con sede en Olathe se espera que genere de $25 a $38 millones.
Los distritos escolares que esperaban ganar y perder ayuda estatal patrocinaron el nuevo plan de financiamiento, de acuerdo con John Robb, un abogado representando a los distritos escolares de Kansas demandando al Estado por el financiamiento educativo (Gannon vs Kansas), reporta ABC News. Los distritos del estado están enviando un mensaje unido notificando a la Corte Suprema de que el plan cumple con la corte, dijo Robb..
El 20 de junio, los superintendentes de todo el Estado se reunieron con los oficiales del Departamento de Educación en Topeka para acordar algunas de sus diferencias sobre el financiamiento escolar ante la sesión legislativa especial.
Kansas City, Dodge City, Hutchinson y Wichita entregaron demanda contra Kansas en el 2010. Estaba en disputa si el gasto escolar del Estado era adecuado y si el dinero era distribuido equitativamente entre los distritos escolares ricos y pobres. Un tribunal de primera instancia estipuló que el Estado no había cumplido la igualdad o requisitos de adecuación. La Corte Suprema mantuvo la estipulación.
La legislatura respondió cambiando la fórmula del fondo general suplementario. En mayo, el Tribunal superior decretó que la fórmula seguía siendo inconstitucionalmente injusta e impuso la fecha límite del 30 junio para que la cambiaran.
Durante la sesión especial de la semana pasada, el senador de Kansas consideró una enmienda constitucional (SCR 1603) que hubiera bloqueado a la Corte Suprema de cerrar las escuelas si la legislatura no financiaba constitucionalmente la educación pública de kínder al 12º grado. Sin embargo, no obtuvieron suficientes votos para promover la enmienda. La Cámara no aceptó la resolución, desilusionando a los defensores que querían incluirla en la votación de noviembre a nivel estatal.

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Kansas schools to stay open
By Edie R. Lambert

Summer classes and lunch programs will continue serving Kansas students, and the state’s 286 public school districts will open in August for the 2016-17 school year. Last Friday, state lawmakers meeting in special session passed an education funding bill. H.B. 2001 provides a temporary fix to the school finance structure, in compliance with a Kansas Supreme Court order to remedy the funding inequity between rich and poor school districts.
Kansas Gov. Sam Brownback signed the bill on Monday. And state Attorney General Derek Schmidt issued a statement describing H.B. 2001 as “constitutionally equitable.”
He said, “I am optimistic it will … keep schools open and operating without interruption.”
The vote on H.B. 2001 in the House was 116-6 and in the Senate, 38-1. Lawmakers approved it late on the second day of the special session, called by the governor on June 7 to avoid a statewide school shutdown. On May 27, the Kansas Supreme Court had ruled that the state’s K-12 public school-funding system was unconstitutionally inequitable. The seven justices imposed a June 30 deadline to fix the school finance structure or have schools shut down July 1.
The bill calls for increasing state aid to poor school districts by a total of $38 million for the 2016-17 school year. Locally, Kansas City, Kan., schools will gain about $2.6 million; the rest lose —  Olathe schools, some $75,000; Shawnee Mission about $1.4 million; and Blue Valley $2.4 million. Statewide, 169 school districts will see varying funding increases, 77 will lose some aid and 40 will see no change, The Associated Press reports.     
The additional monies will be diverted from other state departments, and $13 million will be drawn from proceeds from the sale of the Kansas Bioscience Authority if it sells for more than $25 million. If it sells for less, the bill allows up to $13 million to be taken from “an extraordinary needs” fund set up to help K-12 schools faced with unexpected demands. The remaining $15 million will come from motor vehicle fees and the state’s share of a 1998 legal settlement with tobacco companies.
Last December, the KBA board voted to privatize after losing much of its state funding. In March, Kansas lawmakers approved a bill – S.B. 474 – allowing for the sale by the state of KBA’s assets. The sale of the Olathe-based economic development agency is expected to generate $25 to $38 million.  
School districts that stand to gain and lose state aid endorsed the new funding plan, according to John Robb, an attorney representing four Kansas school districts suing the state over education funding (Gannon v. Kansas), ABC News reports. The districts and the state are sending a joint message advising the Supreme Court that the plan is court-compliant, Robb said.
On June 20, superintendents from across the state met with Department of Education officials in Topeka to work out some of their differences over school funding before the special legislative session.
Kansas City, Dodge City, Hutchinson and Wichita filed suit against Kansas in 2010. At issue were whether the state’s school spending is adequate and whether the money is distributed equitably among rich and poor school districts. A lower court ruled that the state hadn’t met the adequacy or equity requirements. The Supreme Court upheld the ruling.
The Legislature responded by changing the supplemental general fund formula. In May, the high court ruled that the formula was still unconstitutionally inequitable and imposed the June 30 deadline.

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