On Jan. 10, U.S. Immigration and Customs Enforcement agents arrested 21 workers in raids in 98 7-Elevent stores in 17 states. Since then, the federal agency has carried out raids in four more businesses in varied industries in three states, taking into custody another 389 undocumented immigrants. With a few exceptions for health and other reasons, the 410 immigrants arrested were detained to await deportation proceedings. What’s the fate of the employers who hired them?
Following the arrest of 146 workers at Fresh Mark, a meat supplier in northern Ohio, the special agent in charge of ICE’s Homeland Security investigations unit that oversees Ohio issued a statement.
“Unlawful employment is one of the key magnets drawing illegal aliens across our borders,” the statement read. “Businesses who knowingly harbor and hire illegal aliens as a business model must be held accountable for their action.”
Are they being held accountable? A cursory search failed to uncover whether charges have been filed yet against any of the owners of the five businesses raided since January. According to several local and national media reports, ICE has ignored requests for information or declined to comment on any pending charges against the employers accused of hiring undocumented immigrants.
Those on both sides of the immigration debate generally agree on a couple of points. Employers almost always know which workers are undocumented, and those employers who hired them, whether knowingly or unknowingly, are seldom punished.
Our government’s failure to go after the offending businesses tacitly greenlights the practice of employing foreign workers not authorized to live or work here. It hurts our country and the immigrants willing to risk death or imprisonment for the opportunity of earning relatively better wages here. It suppresses wages for U.S. workers and jeopardizes undocumented foreign workers whom unscrupulous employers can exploit by paying below-market wages and other equally sinister, criminal labor violations.
It’s been illegal for employers to knowingly hire or recruit workers residing in the U.S. illegally for more than three decades. President Reagan signed the legislation in November 1986. The Immigration Reform and Control Act required employers to verify workers’ immigration status and imposed penalties on businesses that knowingly hired unauthorized immigrants.
ICE is responsible for enforcing employer sanctions. Is the agency doing that? If not, why not? U.S. employment is the primary magnet for desperate people south of the border.
The Department of Labor investigates and prosecutes employers that exploit workers, regardless of workers’ immigration status. The agency has a record of prosecuting those employers much more aggressively than ICE prosecutes employers that hire undocumented immigrants.
What about a cooperative campaign by the two agencies to undertake a coast-to-coast, wide-scale investigation of those employers in industries known to hire substantial numbers of undocumented immigrants? Wouldn’t a harsh crackdown on such employers effectively eliminate the jobs magnet that seduces unauthorized migrants across our borders?
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Culpar a los empleadores del mercado negro en los EE. UU.
El 10 de enero, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestaron a 21 trabajadores en operativos realizados en 98 tiendas 7-Elevent en 17 estados. Desde entonces, la agencia federal ha llevado a cabo redadas en cuatro empresas más en industrias variadas en tres estados y ha puesto bajo custodia a otros 389 inmigrantes indocumentados. Con algunas excepciones, ente ellas por razones de salud, los 410 inmigrantes arrestados fueron detenidos y están en la espera de un proceso de deportación. ¿Cuál es el destino de los empleadores que los contrataron?
Luego del arresto de 146 trabajadores en Fresh Mark, un proveedor de carne en el norte de Ohio, el agente especial a cargo de la unidad de investigaciones de Seguridad Nacional de ICE que supervisa Ohio emitió un comunicado.
“El empleo ilegal es uno de los principales imanes que atrae a extranjeros ilegales a través de nuestras fronteras”, decía la declaración. “Las empresas que intencionalmente albergan y contratan inmigrantes ilegales como modelo de negocios deben ser responsables de sus acciones”.
¿Se los hace responsables? Una búsqueda superficial no pudo descubrir si los cargos se han presentado aún contra cualquiera de los propietarios de las cinco empresas allanadas desde enero. Según varios informes de medios locales y nacionales, ICE ignoró las solicitudes de información o se negó a comentar sobre cualquier cargo pendiente contra los empleadores acusados de contratar inmigrantes indocumentados.
Los que están en ambos lados del debate sobre inmigración generalmente están de acuerdo en un par de puntos. Los empleadores casi siempre saben qué trabajadores son indocumentados y los empleadores que los contrataron, ya sea a sabiendas o sin saberlo, rara vez son castigados.
El hecho de que nuestro gobierno no persiga a las empresas infractoras tácitamente da luz verde a la práctica de emplear trabajadores extranjeros que no están autorizados a vivir o trabajar aquí. Duele nuestro país y los inmigrantes dispuestos a arriesgarse a la muerte o al encarcelamiento por la oportunidad de ganar salarios relativamente mejores. Suprime los salarios de los trabajadores estadounidenses y pone en peligro a los trabajadores extranjeros indocumentados que los empleadores inescrupulosos pueden explotar mediante el pago de salarios por debajo del mercado y otras violaciones del trabajo criminal igualmente siniestras.
Ha sido ilegal que los empleadores contraten a sabiendas o recluten a trabajadores que residen en los EE. UU. ilegalmente durante más de tres décadas. El presidente Reagan firmó la legislación en noviembre del 1986. La Ley de Reforma y Control de la Inmigración exigía que los empleadores verificaran el estatus migratorio de los trabajadores e imponía sanciones a las empresas que contrataban a inmigrantes no autorizados.
ICE es responsable de hacer cumplir las sanciones del empleador. ¿La agencia está haciendo eso? ¿Si no, porque no? El empleo en los EE. UU. es el principal imán para las personas desesperadas al sur de la frontera.
El Departamento de Trabajo investiga y procesa a los empleadores que explotan a los trabajadores, independientemente del estado de inmigración de los trabajadores. La agencia tiene un historial de perseguir a esos empleadores mucho más agresivamente de lo que ICE procesa a los empleadores que contratan inmigrantes indocumentados.
¿Qué tal una campaña cooperativa de las dos agencias para llevar a cabo una investigación de costa a costa, a gran escala, de aquellos empleadores en industrias que se sabe que contratan a inmigrantes indocumentados? ¿No sería una dura represión de tales empleadores, eliminar efectivamente el imán de trabajo que seduce a los inmigrantes no autorizados a través de nuestras fronteras?
