By Angie Baldelomar
On Sept. 22, the Trump administration, through the Department of Homeland Security (DHS), announced a proposed rule that would change the definition of “public charge.”
The draft regulations would expand the definition of public charge – someone who is dependent on government benefits and thus may be denied a green card – to include people who receive cash benefits or need long-term care. The definition also would include those who participate in numerous “safety net” programs.
During a Sept. 26 national telebriefing hosted by the Immigrant Legal Resource Center, experts discussed the impact of the proposed change on immigrants. Wendy Cervantes, Center for Law and Social Policy senior policy analyst, said the proposed rule would expand the list of programs to include non-emergency Medicaid, the Supplemental Nutrition Assistance Program, housing assistance under section 8 of subsidized housing and subsidies for prescription drug costs under Medicare part C.
Cervantes also said that public charge is used only in two instances: When an individual is seeking to enter the country through a family-based visa or when applying for a green card.
“Ultimately, this proposal represents yet another attack by the administration … (on) immigrants and their families as well as the working class and the very fabric of who we are as a nation,” she said.
Cervantes and the other speakers emphasized that the rules have not been implemented as of now – and might not ever be. What follows now is a 60-day public comment period, where the DHS will collect public comments.
Maria Gonzalez Albuixech, Health Care for All strategic communications specialist, also raised concerns about what the public charge rule would mean for low-income immigrants.
“The Department of Homeland Security is proposing to penalize immigrants who are enrolled in coverage to seek medically necessary services that maintain their health and wellness,” she said.
The speakers also highlighted that, as of now, the rules have not been implemented and that people should not start withdrawing from any services in which they are enrolled. Given the rule is not retroactive, they recommend not withdrawing from anything without consulting with an immigration counselor or attorney first.
To learn more about how to participate during the public comment period, visit https://www.protectingimmigrantfamilies.org/.
Propuesta del cambio de la regla de carga pública examinada durante telebriefing
El 22 de septiembre, el gobierno de Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció una propuesta de una regla que cambiaría la definición de “carga pública”.
El borrador de las reglas expandiría la definición de la carga pública – alguien que depende de los beneficios del gobierno y, por lo tanto, se le puede negar una tarjeta de residencia – para incluir a personas que reciben beneficios en efectivo o que necesitan cuidado a largo plazo. La definición también incluiría a aquellos que participan en numerosos programas de “red de seguridad”.
Durante un telebriefing nacional el 26 de septiembre, organizada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, expertos discutieron el impacto del cambio propuesto en los inmigrantes. Wendy Cervantes, analista principal de políticas del Centro de Leyes y Política Social, dijo que la norma propuesta ampliaría la lista de programas para incluir Medicaid que no sea de emergencia, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, asistencia de vivienda bajo la sección 8 de vivienda subsidiada y también subsidios para costos de medicamentos recetados bajo Medicare parte C.
Cervantes también explicó que la carga pública sólo se usa en dos instancias en el proceso migratorio: cuando una persona está tratando de ingresar al país a través de una visa familiar o cuando está aplicando por una tarjeta verde.
“En última instancia, esta propuesta representa otro ataque por parte de la administración … (hacia) los inmigrantes y sus familias, así como hacia la clase trabajadora y la esencia de quiénes somos como nación”, dijo.
Cervantes y los demás expertos enfatizaron que las reglas no han sido implementadas hasta ahora – y quizás nunca lo sean. Lo que sigue ahora es un período de 60 días para comentarios públicos, donde el DHS recolectará comentarios del público.
Maria Gonzalez Albuixech, especialista en comunicaciones estratégicas de Cuidado de la Salud para Todos, también expresó su preocupación sobre lo que significaría la regla de la carga pública para los inmigrantes de bajos ingresos.
“El Departamento de Seguridad Nacional está proponiendo penalizar a los inmigrantes que están inscritos en la cobertura para buscar servicios médicamente necesarios que mantengan su salud y bienestar”, explicó.
Los expertos también resaltaron que, hasta ahora, las reglas no han sido implementadas y que las personas no deberían comenzar a retirarse de los servicios en los que están inscritos. Dado que la regla no es retroactiva, recomiendan no retirarse de nada sin consultar primero con un asesor de inmigración o un abogado.
Para aprender más sobre cómo participar durante el período de comentarios públicos, visite https://www.protectingimmigrantfamilies.org/.
