Southern border states and their communities are being overwhelmed. A record number of migrant arrivals over the past year are taxing local governments to the breaking point. They’re confronting humanitarian challenges far exceeding their resources and capability.
In an effort to relieve the strain, two border states – Arizona and Texas – have begun busing migrants to Chicago, New York City and Washington, D.C. Those cities, too, are now feeling the strain. Over the past week, Chicago shuffled migrants to two nearby communities. New York City area homeless shelters are “overwhelmed,” Mayor Eric Adams told reporters. Washington Mayor Muriel Bowser declared a public emergency, requesting help from the National Guard. And jointly, the trio requested $50 million in humanitarian assistance from Congress.
The U.S. is seeing an unprecedented surge in Central and South American migrants attempting to cross the U.S.-Mexico border. As of mid-August, Border Patrol agents had made 1.82 million arrests since Oct. 1, 2021, according to Homeland Security data reported by CNN. The number could reach 2 million by Sept. 30 when the fiscal year ends.
Eastern mayors lambasted governors for busing migrants to their cities. Responding, the governors blame the federal government, which is authorized to “control and regulate immigration.”
It’s a needless standoff between self-serving partisan opponents politically grandstanding just weeks before the Nov. 8 elections. The impasse, however, raises legitimate concerns. Who are these people arriving in major U.S. cities? Have U.S. officials vetted them – performed background checks to identify criminal records, gang ties. Are the migrants voluntarily going to the destination cities, or are they being forced? Have U.S. medical professionals performed health checks on this arriving mobile population? What message does this free pass and free transportation inside the U.S. give immigrants who’ve waited years to come here legally?
As a sovereign country, we have a right to defend our borders and make and enforce immigration laws. The problem, it seems, is that we’re doing neither, and it’s causing needless suffering and costing millions of dollars.
The Biden administration denies that there’s a border crisis. Last Sunday, Vice President Kamala Harris told NBC News anchor Chuck Todd that the southern border “is secure.” But Democratic Rep. Henry Cuellar faults the Biden administration’s lax policies for the crisis.
“There’s got to be repercussions at the border; otherwise they’ll (migrants) keep coming,” Cuellar told reporters.
Border Patrol Chief Raul Ortiz agrees. There used to be consequences for crossing the border illegally, he said.
For years, we’ve pushed unsuccessfully for comprehensive immigration reform. Would it have prevented the current worsening crisis?
¿Se pudo prevenir esta crisis?
Los estados fronterizos del sur y sus comunidades están siendo abrumados. Un número récord de llegadas de inmigrantes durante el año pasado está llevando a los gobiernos locales hasta el punto de quiebre. Se enfrentan a desafíos humanitarios que superan con creces sus recursos y capacidades.
En un esfuerzo por aliviar la tensión, dos estados fronterizos, Arizona y Texas, han comenzado a transportar en autobús a los inmigrantes a Chicago, la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. Esas ciudades también están sintiendo la tensión. Durante la semana pasada, Chicago trasladó a inmigrantes a dos comunidades cercanas. Los refugios para personas sin hogar del área de la ciudad de Nueva York están “abrumados”, dijo el alcalde Eric Adams a los periodistas. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró una emergencia pública y solicitó ayuda de la Guardia Nacional. Y conjuntamente, el trío solicitó $50 millones en asistencia humanitaria al Congreso.
Estados Unidos está experimentando un aumento sin precedentes de migrantes centroamericanos y sudamericanos que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. A mediados de agosto, los agentes de la Patrulla Fronteriza habían realizado 1,82 millones de arrestos desde el 1 de octubre de 2021, según datos de Seguridad Nacional reportados por CNN. El número podría llegar a 2 millones para el 30 de septiembre cuando termine el año fiscal.
Los alcaldes del este criticaron a los gobernadores por transportar a los inmigrantes a sus ciudades. En respuesta, los gobernadores culpan al gobierno federal, que está autorizado a “controlar y regular la inmigración”.
Es un enfrentamiento innecesario entre opositores partidistas egoístas políticamente grandilocuentes sólo unas semanas antes de las elecciones del 8 de noviembre. El callejón sin salida, sin embargo, plantea preocupaciones legítimas. ¿Quiénes son estas personas que llegan a las principales ciudades de Estados Unidos? Haga que los funcionarios estadounidenses los examinen: realicen verificaciones de antecedentes para identificar antecedentes penales, vínculos con pandillas. ¿Los migrantes van voluntariamente a las ciudades de destino o son forzados? ¿Los profesionales médicos estadounidenses han realizado controles de salud en esta población móvil que llega? ¿Qué mensaje les da este pase gratuito y el transporte gratuito dentro de los EE.UU. a los inmigrantes que han esperado años para venir aquí legalmente?
Como país soberano, tenemos derecho a defender nuestras fronteras y hacer cumplir las leyes de inmigración. El problema, al parecer, es que no estamos haciendo nada, y está causando sufrimiento innecesario y costando millones de dólares.
La administración de Biden niega que haya una crisis fronteriza. El domingo pasado, la vicepresidenta Kamala Harris le dijo al presentador de NBC News, Chuck Todd, que la frontera sur “es segura”. Pero el representante demócrata Henry Cuéllar culpa a las políticas laxas de la administración de Biden por la crisis.
“Tiene que haber repercusiones en la frontera; de lo contrario seguirán llegando (migrantes)”, dijo Cuéllar a los periodistas.
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, está de acuerdo. Solía haber consecuencias por cruzar la frontera ilegalmente, dijo.
Durante años, hemos presionado sin éxito por una reforma migratoria integral. ¿Habría evitado el empeoramiento de la crisis actual?
