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La patrulla fronteriza




Border

Artículo la cita como la mayor preocupación criminal relacionada con la frontera de FBI

Cuando el veterano oficial del orden Gil Kerlikowske se hizo cargo de Aduanas y la Patrulla Fronteriza de EE.UU., los críticos de toda la vida de la agencia llamaron al cambio en el liderazgo como una oportunidad para enderezar una división de seguridad nacional que se ha ganado una reputación por un uso descuidado de la violencia y la corrupción desenfrenada.

Para promover una imagen más abierta, Kerlikowske dio entrevistas. A pocos meses de haber ocupado el cargo en marzo de este año, dio a conocer un manual del uso de la fuerza la Patrulla Fronteriza y prometió que era “el comienzo de una revisión continua de nuestra responsabilidad para usar la fuerza únicamente cuando sea necesario proteger a la gente”.

Horas después de haber hecho el anuncio, agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona persiguiendo a un contrabandista de narcóticos sospechoso mataron accidentalmente a José Luís Arámbula —un ciudadano estadounidense desarmado que fue baleado fatalmente en la parte posterior de la cabeza.

Las condiciones bajo las cuales la agencia se convirtió en lo que el editor de la revista y periodista Garrett Graff denomina “la única prioridad criminal mayor del FBI a lo largo de la frontera”, son el tema de “El Monstruo Verde”, una pieza de investigación que aparece en la última edición de la revista Político. El artículo —un análisis y asignación periodística de varios meses que incluye más de 50 entrevistas con funcionarios gubernamentales de alto rango, incluyendo a ex jefes de Adunas y la Patrulla Fronteriza de EE.UU.— traza el crecimiento de la Patrulla Fronteriza desde una agencia desechable y en una zona estancada durante la era previa al 9/11 a su nuevo estatus como una agencia robusta con más de 40,000 oficiales y más de $100 mil millones en inversiones totales desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Una oleada de contrataciones encargadas por una frustrada administración de Bush —respondiendo en parte al clamor público que el ahora disuelto Servicio de Inmigración y Naturalización recibió por otorgar pasaportes a los secuestradores del 9/11— vino con una supervisión sorprendentemente pequeña, escribe Graff. La agencia tenía como objetivo tener una proporción de 5 agentes por 1 supervisor; sin embargo, después de la afluencia de personal, cambió drásticamente tanto la proporción de agentes por supervisor —hasta 11 agentes por supervisor en algunas estaciones— como lo hizo el promedio de experiencia en el campo de los agentes, tan corta como 18 meses y descendiendo, según reportes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

Graff ilumina una confrontación de toda la vida entre la Patrulla Fronteriza y el FBI, que calcula que puede haber corrupción en tanto como el 20% del personal de la fuerza.

“(Y sin embargo) ni un solo agente de la Patrulla Fronteriza en los últimos ocho años ha sido disciplinado por el uso excesivo de la fuerza. Con una mano de obra tan grande, eso es increíble”, dijo James Wong, ex Jefe de Asuntos Internos de Protección Fronteriza y Aduanas de EE.UU. “Vaya y saque las estadísticas de cualquier cuerpo policial municipal de tamaño mediano. Saque las estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). En cualquier momento dado, ellos tienen todo tipo de investigaciones de fuerza excesiva”.

Parte de eso se debe al éxito de la agencia en conseguir que el Departamento de Seguridad Nacional cambiará su definición de corrupción para reducir el número de eventos que tendría que reportar al Congreso. Sólo el soborno y las acusaciones de contrabando humano o de narcóticos tienen que ser reportados.

Por lo tanto, la violación y asalto de tres mujeres hondureñas —entre ellas una menor— por el agente Esteban Manzanares no cae dentro de la competencia congresional. Kerlikowske, respondiendo al incidente que sucedió tan sólo unos días después de haber prestado su juramento, emitió un comunicado de prensa pidiendo disculpas y prometiendo una acción correctiva.

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Article cites Border Patrol as FBI’s biggest border-related criminal concern

By Jesus Lopez-Gomez

When law enforcement veteran Gil Kerlikowske took over U.S. Customs and Border Patrol, long-standing critics of the agency hailed the change in leadership as an opportunity to right a homeland security division that had earned a reputation for a careless use of violence and rampant corruption.

To promote a more open image, Kerlikowske gave interviews. A few months after taking office in March of this year, he released the Border Patrol’s use-of-force handbook and promised it was “the beginning of a continuous review of our responsibility to only use force when it is necessary to protect people.”

Hours after making the announcement, Border Patrol agents in Arizona chasing a suspected narcotics smuggler accidentally killed Jose Luis Arambula, a U.S. citizen. Arambula, unarmed, was shot fatally in the back of the head.

The conditions under which the agency became what magazine editor and journalist Garrett Graff calls “the FBI’s single biggest criminal priority along the border” are the subject of “The Green Monster,” an investigative piece that appears in the latest edition of Politico Magazine. The article — a months-long analysis and reporting assignment that included more than 50 interviews with high-ranking government officials, including former U.S. Customs and Border Patrol chiefs — traces the growth of the Border Patrol from a throwaway, backwater agency during the pre-9/11 era to its status as a robust agency with more than 40,000 officers and more than $100 billion in total investments since the Sept. 11, 2001, terrorist attacks.

A hiring surge mandated through a frustrated Bush administration — responding in part to the public pecking the now-dissolved Immigration and Naturalization Services received for granting passports to the 9/11 hijackers — came with surprisingly little oversight, Graff writes. The agency aimed to have a 5-to-1 agent-to-supervisor ratio; however, after the influx of staff, both the proportion of supervisors to agents changed drastically — as many as 11 agents to one supervisor at some stations — as did the average agent’s field experience, as short as 18 months and falling, according to Government Accountability Office reports.

Graff illuminates a long-standing confrontation between the Border Patrol and the FBI, which estimates there may be corruption in as much as 20 percent of the force’s personnel.

“(And yet) not a single Border Patrol agent for the last eight years has been disciplined for excessive use of force. With a workforce that large, that’s amazing,” said James Wong, former head of the internal affairs for U.S. Customs and Border Protection. “You go pull the stats on any medium-size municipal police force. Pull the stats on the NYPD (New York Police Department). At any given time, they’ll have all sorts of excessive force investigations.”

Part of that is because of the agency’s success in getting the Department of Homeland Security to change its definition of corruption to reduce the number of events it would have to report to Congress. Only bribery, narcotics- or human-smuggling allegations have to be reported.

Thus, the rape and assault of three Honduran women — including one minor — by agent Esteban Manzanares didn’t fall into congressional purview. Kerlikowske, responding to the incident, which had happened only days after his swearing-in ceremony, issued a press release apologizing and promising corrective action.

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