By Merrill Matthews
Trump administration officials are considering lifting their highly unpopular 25 percent tariff on steel imported from Mexico and Canada. Good news? No, because they’re considering imposing quotas instead.
The tariffs have enraged our Mexican and Canadian allies and imposed higher costs on U.S. businesses and consumers. U.S. energy companies, in particular, have suffered since many of the specialized steel parts used in oil and gas pipelines must be imported.
In response to these concerns, the administration is considering a quota system that would restrict how much steel U.S. firms can buy from Mexico and Canada.
Quotas may seem like a subtler way to impede trade, but in reality they could be even more damaging.
The free flow of goods and services, especially energy, across North America benefits U.S. consumers and workers alike.
North American energy markets are highly interconnected. About half of the U.S.’s 2016 crude oil imports came from Canada and Mexico. Nearly all of the heavy crude oil processed at Midwestern refineries and a large amount of heavy crude processed at Gulf Coast refineries comes from Canada.
In addition, Mexico is one of the largest importers of U.S. natural gas, most of which moves through pipelines.
North American energy trade depends on pipelines to transport huge amounts of fuel across the country and borders. Those pipelines depend on steel imports, which the administration began taxing last spring in the hope that higher-cost imports would force American firms to buy domestic steel.
But for the energy industry, buying domestic often isn’t an option. American steel manufacturers don’t produce many of the parts required for energy infrastructure projects. Only three steel mills make 30-inch thick pipes, and the highest-grade pipes aren’t available anywhere in the United States.
That’s why U.S. energy firms import 77 percent of the steel they use for pipelines.
It’s true there has been a global glut of steel, but the specialty steel used in pipeline production isn’t part of that glut.
Domestic steel firms aren’t interested in changing this status quo. Upgrading steel plants is costly. And the energy industry is notoriously volatile.
Pipelines are currently in high demand, but a significant drop in oil or gas prices or a major recession could dramatically reduce that demand in a moment’s notice. It’s simply not worth it for many American steel companies to retool their mills.
Tariffs are punishing American energy companies and steel quotas, rather than tariffs, might be worse.
At least with tariffs pipeline companies can purchase what they need, even if they have to pay more. With quotas, they may not even be able to do that, leaving projects unfinished.
That’s bad news for American laborers. A recent report from consulting firm ICF found that tariffs will delay construction of many current oil and gas pipeline projects, which will jeopardize American jobs. Fewer new pipeline projects also mean less cross-border energy trade.
Most of that energy is shipped across the U.S. through pipelines. Bottle-necking our ability to build those pipelines by limiting the supply of specialty steel has a negative impact on our ability to export.
If administration officials substitute steel quotas for tariffs, American energy firms would struggle to secure the parts they need. They could be forced to postpone or cancel many pipeline projects, harming the U.S. workers and consumers and threatening the president’s vision of “U.S. energy dominance.”
Merrill Matthews is a resident scholar with the Institute for Policy Innovation in Dallas, Texas. Follow him on Twitter @MerrillMatthews. This piece originally ran in The Hill.
Las cuotas de acero, como los aranceles, perjudicarían a trabajadores de energía estadounidenses
Funcionarios del gobierno de Trump están considerando levantar su altamente impopular arancel del 25 por ciento sobre el acero importado desde México y Canadá. ¿Buenas noticias? No, porque, en vez, están considerando imponer cuotas.
Los aranceles han enfurecido a nuestros aliados mexicanos y canadienses y han impuesto costos más altos a negocios y consumidores estadounidenses. Compañías de energía de Estados Unidos, en particular, han sufrido debido a que muchas de las partes de acero especial que se utilizan en los oleoductos y gasoductos deben ser importadas.
En respuesta a estas preocupaciones, el gobierno está considerando un sistema de cuotas que restringiría la cantidad de acero que las empresas estadounidenses pueden comprar a México y Canadá.
Las cuotas pueden parecer una manera más sutil de impedir el comercio, pero en realidad podrían ser aún más perjudiciales.
El libre flujo de bienes y servicios, especialmente energía, a través de América del Norte beneficia a consumidores y trabajadores estadounidenses por igual.
Los mercados de energía de Norteamérica están altamente interconectados. Alrededor de la mitad de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo de 2016 provinieron de Canadá y México. Casi todo el crudo pesado procesado en las refinerías del Medio Oeste y una gran cantidad de crudo pesado procesado en las refinerías de la Costa del Golfo provienen de Canadá.
Además, México es uno de los mayores importadores de gas natural de Estados Unidos, la mayoría de los cuales se mueve a través de tuberías.
El comercio de energía de América del Norte depende de las tuberías para transportar enormes cantidades de combustible a través del país y las fronteras. Esas tuberías dependen de las importaciones de acero, que el gobierno comenzó a aplicar impuestos la primavera pasada con la esperanza de que las importaciones de mayor costo obligarían a las empresas nacionales a comprar acero doméstico.
Pero para la industria de la energía, la compra doméstica a menudo no es una opción. Los fabricantes estadounidenses de acero no producen muchas de las piezas necesarias para proyectos de infraestructura energética. Sólo tres acerías fabrican tuberías de 30 pulgadas de espesor, y las tuberías de mayor grado no están disponibles en ningún lugar de los Estados Unidos.
Es por eso que las empresas de energía estadounidenses importan el 77 por ciento del acero que usan para las tuberías.
Es cierto que ha habido un exceso global de acero, pero el acero especial utilizado en la producción de tuberías no es parte de ese exceso.
Las empresas de acero nacionales no están interesadas en cambiar este status quo. Actualizar plantas de acero es costoso. Y la industria de energía es notoriamente volátil.
Las tuberías están actualmente en alta demanda, pero una caída significativa en los precios del petróleo o gas o una recesión importante podrían reducir dramáticamente esa demanda en cualquier momento. Simplemente no vale la pena para muchas compañías de acero estadounidenses renovar sus molinos.
Los aranceles están castigando a las empresas de energía nacionales y las cuotas de acero, en lugar de aranceles, podrían ser peores.
Al menos con los aranceles, las compañías de tuberías pueden comprar lo que necesiten, incluso si tienen que pagar más. Con las cuotas, es posible que ni siquiera puedan hacer eso, dejando los proyectos sin terminar.
Esa es una malas noticia para los trabajadores estadounidenses. Un informe reciente de la consultora ICF encontró que los aranceles demorarán la construcción de muchos proyectos actuales de gasoductos de petróleo y gas, lo que pondrá en peligro los empleos estadounidenses. Menos nuevos proyectos de gasoductos también significan menos comercio transfronterizo de energía.
La mayor parte de esa energía se envía a través de los Estados Unidos a través de tuberías. Imponer nuestra capacidad para construir esas tuberías al limitar el suministro de acero especial tiene un impacto negativo en nuestra capacidad para exportar.
Si los funcionarios del gobierno sustituyen las cuotas de acero por los aranceles, las empresas de energía de Estados Unidos tendrían dificultades para obtener las partes que necesitan. Podrían ser obligados a posponer o cancelar muchos proyectos de tuberías, perjudicando a los trabajadores y consumidores estadounidenses y amenazando la visión del presidente del “domino de energía de los Estados Unidos”.
Merrill Matthews es un académico residente con el Instituto para la Innovación de Políticas en Dallas, Texas. Síguelo en Twitter @MerrillMatthews. Esta pieza fue publicada originalmente en The Hill.
