By Jorge Ramos
¿Cuál es el plan?
Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia han asesinado a 63.792 personas en México. No hay otros datos. Esas son las cifras oficiales del gobierno mexicano de homicidios dolosos del primero de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020.
Conclusión: el gobierno de AMLO no ha podido con la violencia.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública —el encargado del gobierno de reducir la violencia— tampoco pudo. Hace unos días, reconoció que “no podíamos fingir que sería fácil enfrentar o resolver el problema”. Y al final ni fingió ni lo resolvió: anunció su renuncia al cargo y reveló que contenderá por la gubernatura de Sonora. Deja vacante uno de los puestos más importantes del gabinete de López Obrador y, ahora, quien lo reemplace tampoco podrá resolver el problema. Se requiere algo antes. Para enfrentar el enorme desafío de la violencia, se necesita un plan realista y efectivo.
Es urgente hacerlo. Y pronto.
Este 2020 puede convertirse en el año más violento en la historia moderna de México, incluso con más personas asesinadas que las 34.669 de 2019. Hay que ser sinceros: lo que ha hecho AMLO hasta el momento no ha funcionado. Sus cifras anuales de muertos superan a las de los gobiernos de sus antecesores —Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari—, según cifras oficiales de su gobierno y confirmado por otros reportes e informes.
Militarizar la seguridad nacional, como ha sucedido desde los últimos sexenios y se ha profundizado con López Obrador, no ha dado los resultados esperados. La violencia los ha desbordado. Este mes se oficializó que la recién creada Guardia Nacional quedará bajo el control operativo de la Secretaría de Defensa. También se le ha otorgado al ejército el control de puertos, aduanas y del nuevo aeropuerto. En una democracia, ese es el trabajo de los civiles. El lugar de los soldados no es en las calles sino en los cuarteles. Y tras el arresto del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante la presidencia de Peña Nieto —de 2012 a 2018—, surgen nuevas dudas sobre la fallida estrategia nacional contra la violencia.
Cienfuegos —arrestado en Los Ángeles, no en México— está acusado de facilitarle el trabajo a un cártel para el tráfico de drogas a cambio de sobornos. Un juez le negó la fianza ante el peligro de que se fugue. Es la primera vez que un secretario de Defensa de México es señalado por narcotráfico y, de confirmarse los cargos, hablaría de gravísimos problemas dentro del ejército mexicano. Si las acusaciones se confirman, Cienfuegos no pudo actuar solo y habría que investigar si posibles cómplices siguen dentro de la institución castrense.
No se trata, sin embargo, del primer arresto contra un alto funcionario mexicano en Estados Unidos. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante todo el sexenio de Felipe Calderón —de 2006 a 2012— fue detenido en Texas. Durante esos años, García Luna fue una pieza fundamental en la llamada “guerra contra el narco”, que disparó el aumento de violencia en el país. Un juez lo acusó de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.
La gran tragedia mexicana es que dos de los principales funcionarios encargados de luchar contra el narcotráfico y la violencia consiguiente durante 12 años podrían haber estado del lado equivocado. Y si Cienfuegos y García Luna resultan culpables es imposible no preguntarse: ¿cuántos funcionarios más habrá actualmente en puestos de autoridad que estén vinculados a grupos criminales?
Esta es nuestra triste realidad. Ante lo cual hay sólo dos posibilidades: te quejas y culpas a Cienfuegos y a García Luna por todos los males de México o haces algo al respecto. Desafortunadamente AMLO ha decidido usarlos como una excusa para justificar su falta de resultados en la lucha contra la violencia.
Vamos a hacer memoria. Esto es lo que dijo López Obrador el 22 de agosto de 2019: “No quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. […] Ya es nuestra responsabilidad”. “Hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar”, aseguró. Pero ahora, en sus conferencias de prensa matutinas —las Mañaneras—, sigue culpando, precisamente, a gobiernos anteriores por sus errores y por su falta de efectividad.
Sin duda, las encuestas indican que López Obrador sigue siendo un presidente muy popular. Pero me llama mucho la atención el modo en el que los seguidores de López Obrador no le suelen exigen resultados, como si las 63.792 muertes por la violencia desde que inició su gobierno y las casi 90.000 fatalidades de la pandemia no importaran.
Al final, si algo he aprendido de cubrir a todo tipo de presidentes durante más de tres décadas, es que los muertos no se pueden ocultar. Los muertos no se van, nos persiguen y siempre acaban por debilitar y asustar a los líderes que pretenden esconderlos.
En enero de este año fui a una mañanera de López Obrador en Ciudad de México y, después de revisar las terribles cifras de asesinatos durante su gobierno, le pregunté: “¿Cuándo va a haber resultados?”. Y su respuesta fue: “Este año”.
Ya veremos.
