En México todo está al revés.
El próximo domingo 10 de abril se realizará un referendo para revocar el mandato de un presidente, que ha sido promovido por ese mismo presidente. Y buena parte de los opositores políticos del país, que en teoría serían los más interesados en impulsar un instrumento legal que les permita limitar el poder presidencial, lo han criticado bajo el argumento de que se trata de una farsa para aplaudirle al jefe.
Es el caso del referendo revocatorio en México: el presidente Andrés Manuel López Obrador es quien ha empujado el proceso.
Generalmente, cuando en otros países ha habido una consulta ciudadana para sacar del poder al presidente en turno, el bando que lo organiza es el opositor. De hecho, un jefe de Estado debería ser el menos interesado en que cortaran su mandato de manera prematura. La única explicación posible es que AMLO cree que va a ganar, que no corre ningún riesgo real a su continuidad y que le puede sacar provecho político, si logra mostrar que conserva su popularidad entre los votantes.
Déjenme ser totalmente claro: me parece buena idea tener a la mano la figura del referendo revocatorio. Considero que es un mecanismo válido en una democracia, creo que es deseable participar como ciudadanos y pienso también que es un mecanismo que nos podría servir en los años por venir. En el pasado hemos tenido momentos terribles en los que este ejercicio habría sido un recurso muy valioso.
Habría sido útil después del escándalo de la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto. O habría sido una manera de mostrar desacuerdo —y una posibilidad de cambiar el rumbo— tras las primeras señales claras del rotundo fracaso de la guerra contra las drogas iniciada durante la presidencia de Felipe Calderón. O, quizás, si el organismo electoral hubiera alcanzado autonomía para entonces, habría podido limitar el daño que causó Carlos Salinas de Gortari tras el mayúsculo fraude en las elecciones de 1988. O habría podido servir para quitar del poder a violadores de los derechos humanos como Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría después de las matanzas de 1968 y 1971. En esos momentos tan bajos de los presidentes de México, una consulta revocatoria habría dado una posibilidad ciudadana real de cambio. Pero eso no es lo que va a pasar el próximo domingo.
La forma en que se ha implementado —la primera vez que se celebrará en la historia democrática del país— no tiene mucho sentido y podría provocar que el referendo pierda legitimidad en el futuro.
Hay lecciones de otros países sobre la importancia de una consulta de revocación de mandato tomada en serio. En la Venezuela de 2004, cuando Hugo Chávez era presidente, se llevó a cabo una.
En 1998, año en el que ganó por primera vez la presidencia, Chávez me dijo en una entrevista: “No soy un dictador”. Y agregó que estaría dispuesto a entregar el poder, “si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco —un fracaso, o cometo un delito o un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder— yo estaría dispuesto a hacerlo”. Pero Chávez resultó ser muy mentiroso y para 2004, ya en su segundo mandato presidencial, muchos venezolanos temían que intentaría eternizarse en el poder (un temor que resultó justificado).
Chávez había sobrevivido un golpe de Estado un par de años antes, la polarización se profundizaba y enfrentaba un debilitante paro de los trabajadores petroleros mientras se radicalizaba para aferrarse a la presidencia. Por eso la oposición impulsó un plebiscito revocatorio, una figura que Chávez respaldó y que incluyó en su nueva Constitución de 1999. “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”, se lee en el artículo 72. Pero en ese momento la idea ya no le gustó.
Después de meses de movilizaciones, protestas, negociaciones y reveses del consejo electoral, la oposición consiguió 3,6 millones de firmas en sólo cuatro días para la realización del referendo que decidiría la permanencia de Chávez. El esfuerzo fue tan contundente que hasta el cantante Alejandro Sanz dijo que “si me dieran tres millones de firmas para que dejara de cantar, dejaría de cantar”. Sanz siguió cantando pero no en Venezuela, donde fue boicoteado durante años por el gobierno chavista.
Al final, el plebiscito revocatorio en Venezuela se realizó el 15 de agosto de 2004. Chávez lo ganó con el 59 por ciento del voto. Pero casi cuatro millones de venezolanos votaron por sacarlo del poder. Quizás esa fue la última oportunidad para detener la consolidación de una dictadura en Venezuela. Chávez, como muchos temían, se quedó en el poder hasta su muerte, en 2013.
La experiencia venezolana nos dice dos cosas: que el proceso revocatorio puede ser una herramienta legal útil y también que suele ser un recurso de la oposición contra un mandatario.
Es muy posible que AMLO esté tan entusiasmado con el referendo porque piensa que va a arrasar. Pero no parece reparar en el voto de castigo: por la violencia, el improvisado manejo de la pandemia, la inflación, el desilusionante crecimiento económico, las injustas críticas a los periodistas y a las feministas y por la manera en que ataca a organismos autónomos que han sido importantes en el avance democrático mexicano. Si el resultado no es abrumador a su favor, o la participación es muy baja, el costo político de esta apuesta puede debilitarlo en sus últimos 3 años. Y también degradar el sentido de un referendo de este estilo.
Esto es especialmente cierto en un país como México, con una democracia joven —apenas tiene 22 años— en la que es muy peligroso estar jugando con la idea de quitar a un presidente a la mitad de su mandato. Soy de la idea de que López Obrador debe quedarse como presidente hasta 2024, como dice la Constitución. Pero ni un día más.
Un proceso revocatorio es, sobre todo, para limitar el poder presidencial. Irónicamente en México se está utilizando para engrandecerlo y hacer alarde de fuerza.
Todo está al revés.
