The nation’s state and federal prisoners and local jail inmates who meet eligibility requirements are among millions of Americans receiving stimulus payments. That includes death row inmates, career criminals and prisoners convicted of murder, rape, felony child abuse, aggravated assault, arson, kidnapping, drug trafficking, robbery, burglary and other heinous crimes.
To be eligible, an inmate must be a U.S. citizen, permanent resident or qualifying resident alien; have a valid Social Security number; not be claimed as a dependent on someone else’s tax return; and meet income limits.
The CARES Act passed in March 2020 authorized payments up to $1,200 to eligible individuals. The second Covid-19 relief package passed in December included $600 payments for individuals. The Rescue Plan Act passed March 11, 2021 provided payments up to $1,400. An amendment to exclude jail and prison inmates from receiving payments was voted down in the U.S. Senate.
None of the pandemic-related financial relief measures made prisoners ineligible to receive checks. Nevertheless, the IRS and Treasury Department refused to issue payments to prisoners, claiming they aren’t entitled to the payments. So prisoners filed a class action lawsuit. In September, a federal judge ruled in the prisoners’ favor.
San Francisco-based Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, a law firm representing the prisoners and prisoner advocates claim that withholding stimulus funds from incarcerated individuals is “cruel to the people and families most harmed by Covid-19.” Moreover, the payments help inmates pay expenses they incur while in jail or prison, such as purchasing snacks and toiletries from the prison commissary and phone time and, where required, paying medical copays. The judge’s ruling in favor of the prisoners brings them “critical relief and some measure of justice,” say advocates.
That’s shockingly misguided, outrageously wrong and perniciously unjust, and further abuses crime victims, argue supporters of blocking inmates from receiving federal stimulus payments. Taxpayers, among them millions of the people victimized by lawbreakers are already supporting prisoners. According to the federal Bureau of Justice Statistics, the country spends upwards of $182 billion annually to house prisoners, MarketWatch.com reported in August 2020. That was before pandemic-related costs were factored in.
Furthermore, sending prisoners money just feeds the prison black market, which can have deadly consequences, Chandra Bozelko, author of Prison Blog Diaries wrote in the Oct. 20, 2020 edition of The Wall Street Journal. “There’s a black market in every correctional facility.” Prisons provide for inmates’ basic needs, and sending prisoners money encourages the pervasive illicit market that includes such dangerous contraband as weapons, alcohol and drugs.
Covid-19 relief payments are intended to stimulate the economy; it’s unlikely that much of inmates’ checks will do that. What’s more, the payments are meant to help those who’ve lost jobs or wages through shortened hours or lost health benefits recover financially from the pandemic. It’s an affront to allow prisoners who’ve victimized others to benefit from relief designed to mitigate for honest, hard-working individuals the economic devastation of the pandemic.
Missouri and other states have introduced legislation to redirect prisoners’ stimulus funds to pay restitution for their victims, court costs or prison fees and debts. Sending taxpayer-funded checks to prisoners is irrelevant to coronavirus relief, say Wisconsin lawmakers proposing such legislation. Prisoners aren’t scrambling to cover rent, fretting over losing their job or struggling to make ends meet.
Stimulus dollars should’ve been more targeted, going to people with a real and immediate need, says the Missouri State senator proposing the state’s legislation. Surely Congress didn’t intend for rapists and murderers to receive checks, he says. Sending stimulus payments to prisoners sends the wrong message. Crime does pay.
Los prisioneros están recibiendo cheques de estímulo
Los presos estatales y federales de la nación y los presos de las cárceles locales que cumplen con los requisitos de elegibilidad se encuentran entre los millones de estadounidenses que reciben pagos de estímulo. Eso incluye presos condenados a muerte, delincuentes profesionales y presos condenados por asesinato, violación, abuso infantil grave, asalto agravado, incendio provocado, secuestro, tráfico de drogas, robo, hurto y otros delitos atroces.
Para ser elegible, un recluso debe ser ciudadano estadounidense, residente permanente o extranjero residente calificado; tener un número de seguro social válido; no ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona; y cumplir con los límites de ingresos.
La Ley CARES aprobada en marzo de 2020 autorizó pagos de hasta $1,200 a personas elegibles. El segundo paquete de ayuda por Covid-19 aprobado en diciembre incluyó pagos de $600 para individuos. La Ley del Plan de Rescate aprobada el 11 de marzo de 2021 brindó pagos de hasta $1,400. Una enmienda para excluir a los presos de la cárcel y prisión de recibir pagos fue rechazada en el Senado.
Ninguna de las medidas de ayuda financiera relacionadas con la pandemia hizo que los presos no fueran elegibles para recibir cheques. Sin embargo, el IRS y el Departamento del Tesoro se negaron a emitir pagos a los prisioneros, alegando que no tienen derecho a los pagos. Entonces los prisioneros presentaron una demanda colectiva. En septiembre, un juez federal falló a favor de los presos.
Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, con sede en San Francisco, un bufete de abogados que representa a los presos y defensores de los presos afirman que retener los fondos de estímulo de las personas encarceladas es “cruel con las personas y las familias más perjudicadas por Covid-19”. Además, los pagos ayudan a los reclusos a pagar los gastos en los que incurren mientras están en la cárcel o prisión, como la compra de bocadillos y artículos de tocador en la comisaría de la prisión y el tiempo telefónico y, cuando sea necesario, el pago de copagos médicos. El fallo del juez a favor de los presos les brinda “un alivio crítico y cierta medida de justicia”, dicen los defensores.
Eso es sorprendentemente equivocado, escandalosamente incorrecto y perniciosamente injusto, y además abusa de las víctimas de delitos, argumentan los partidarios de impedir que los reclusos reciban pagos de estímulo federal. Los contribuyentes, entre ellos millones de personas víctimas de infractores de la ley, ya están apoyando a los presos. Según la Oficina federal de Estadísticas de Justicia, el país gasta más de $182 mil millones anuales para albergar a los presos, informó MarketWatch.com en agosto de 2020. Eso fue antes de que se tuvieran en cuenta los costos relacionados con la pandemia.
Además, enviar dinero a los presos sólo alimenta el mercado negro de la prisión, lo que puede tener consecuencias mortales, escribió Chandra Bozelko, autora de Prison Blog Diaries en la edición del 20 de octubre de 2020 de The Wall Street Journal. “Hay un mercado negro en cada instalación correccional”. Las cárceles satisfacen las necesidades básicas de los reclusos, y el envío de dinero a los reclusos fomenta el mercado ilícito generalizado que incluye contrabando tan peligroso como armas, alcohol y drogas.
Los pagos de ayuda de Covid-19 están destinados a estimular la economía; es poco probable que muchos de los cheques de los presos hagan eso. Es más, los pagos están destinados a ayudar a aquellos que perdieron sus trabajos o salarios debido a la reducción de horas o perdieron los beneficios de salud a recuperarse financieramente de la pandemia. Es una afrenta permitir que los prisioneros que han victimizado a otros se beneficien del alivio diseñado para mitigar la devastación económica de la pandemia para las personas honradas y trabajadoras.
Missouri y otros estados han promulgado leyes para redirigir los fondos de estímulo de los presos para pagar la restitución de sus víctimas, los costos judiciales o las tasas y deudas de la prisión. Enviar cheques financiados por los contribuyentes a los prisioneros es irrelevante para el alivio del coronavirus, dicen los legisladores de Wisconsin que proponen dicha legislación. Los prisioneros no tienen dificultades para cubrir el alquiler, no se preocupan por perder su trabajo o luchan por llegar a fin de mes.
Los dólares de estímulo deberían haber sido más dirigidos a personas con una necesidad real e inmediata, dice el senador del estado de Missouri que propone la legislación del estado. Seguramente el Congreso no tenía la intención de que violadores y asesinos recibieran cheques, dice. Enviar pagos de estímulo a los presos envía un mensaje equivocado. El crimen paga.
