Now that House Bill H.R. 3684 is law, the heavy lifting shifts from the president and Congress to federal agencies like the Departments of Transportation and Energy and state and local officials. It falls to federal administrators to implement the Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), set up new programs and determine how best to disburse the additional $550 billion. State and local governments are responsible for designing and readying for construction new infrastructure projects, taking on workers and marshaling their own financial resources, data and public support.
The IIJA calls for new federal programs. Each one’s subject to internal planning and in-house and public review. Each will require engaging additional personnel, including specialized experts and amassing dedicated knowledge resources.
Among major elements of the infrastructure bill are $110 billion for building and repairing roads, bridges and highways; $39 billion to modernize and improve public transit access; $66 billion to revitalize passenger and freight rail; $25 billion to upgrade airport runways, gates, terminals and control towers; $55 billion to replace lead service water lines; $65 billion to increase reliable high-speed internet access; and $65 billion to modernize electrical power grids.
Completing such ambitious projects is something the U.S. is doing less well lately, say industry analysts. Citing current instances of long-term building delays and multi-billion dollar cost overruns, they cast serious doubt on the nation’s ability in the time allotted to achieve the infrastructure bill’s goals.
“It’s a very big jump. My guess is that we are not going to see $550 billion spent in the first five years,” the Associated Contractors of America’s chief economist told The New York Times.
But we can’t afford delays getting the IIJA funding to state and local governments. Three years ago, the American Society of Civil Engineers (ASCE) graded the nation’s infrastructure a D+ and warned that we’d need to spend $4.5 trillion by 2025 to improve our airports, bridges, dams, roads and more.
Here in our area, Missouri’s road infrastructure is the eighth worst in the U.S. The ranking is based on a study of Federal Highway Administration data from 2017. The findings show that 23 percent of Missouri’s roads and 10 percent of Kansas roads are in poor condition, and 12 percent of Missouri’s bridges and four percent of Kansas’s are structurally deficient. Kansas ranked No. 27 on the list of 50 states.
Not only will federal, state and local agencies responsible for implementing IIJA encounter the same obstacles that are impeding ongoing multi-billion dollar infrastructure projects – cost; political, scheduling and technical problems; land acquisition; utility relocations; and environmental litigation, but pandemic-related complications as well. There’s already a critical shortage of skilled labor, sharply rising construction costs, unpredictable availability of building materials and the ongoing supply chain crisis.
That said, American taxpayers expect fast action on the infrastructure projects promised by the president and Congress and full transparency. All possible if implementers dedicate the same zeal to delivering as Washington did to passing the legislation.
Nota bene:
The $1.2 trillion infrastructure spending bill reauthorizes transportation funds and adds $550 billion in new federal spending over the next five years.
Read H.R. 3684 online at https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684/actions.
Generar fondos para las comunidades sin demora
Ahora que el proyecto de ley H.R. 3684 de la Cámara de Representantes es ley, el trabajo pesado pasa del Presidente y el Congreso a las agencias federales como los Departamentos de Transporte y Energía y los funcionarios estatales y locales. Depende de los administradores federales implementar la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura (IIJA, por sus siglas en inglés), establecer nuevos programas y determinar la mejor manera de desembolsar los $550 mil millones adicionales. Los gobiernos estatales y locales son responsables de diseñar y preparar la construcción de nuevos proyectos de infraestructura, contratar trabajadores y reunir sus propios recursos financieros, datos y apoyo público.
El IIJA pide nuevos programas federales. Cada uno está sujeto a planificación interna y revisión interna y pública. Cada uno requerirá contratar personal adicional, incluidos expertos especializados y acumular recursos de conocimiento dedicados.
Entre los principales elementos del proyecto de ley de infraestructura se encuentran $110 mil millones para la construcción y reparación de caminos, puentes y carreteras; $39 mil millones para modernizar y mejorar el acceso al transporte público; $66 mil millones para revitalizar el ferrocarril de pasajeros y carga; $25 mil millones para mejorar las pistas, puertas, terminales y torres de control de los aeropuertos; $55 mil millones para reemplazar las líneas de agua del servicio de plomo; $65 mil millones para aumentar el acceso confiable a Internet de alta velocidad; y $65 mil millones para modernizar las redes eléctricas.
La realización de proyectos tan ambiciosos es algo en lo que a Estados Unidos no le está yendo tan bien últimamente, dicen los analistas de la industria. Citando casos actuales de retrasos en las construcciones a largo plazo y sobrecostos de miles de millones de dólares, arrojan serias dudas sobre la capacidad de la nación en el tiempo asignado para lograr los objetivos del proyecto de ley de infraestructura.
“Es un salto muy grande. Estimo que no vamos a ver que se gasten 550,000 millones de dólares en los primeros cinco años”, dijo el economista jefe de Associated Contractors of America a The New York Times.
Pero no podemos permitirnos retrasos en la entrega de fondos de IIJA a los gobiernos estatales y locales. Hace tres años, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) calificó la infraestructura de la nación con una D+ y advirtió que tendríamos que gastar $4.5 mil millones para 2025 para mejorar nuestros aeropuertos, puentes, represas, carreteras y más.
Aquí en nuestra área, la infraestructura vial de Missouri es la octava peor en el país. La clasificación se basa en un estudio de datos de la Administración Federal de Carreteras de 2017. Los hallazgos muestran que el 23 por ciento de las carreteras de Missouri y el 10 por ciento de las carreteras de Kansas están en malas condiciones. y el 12 por ciento de los puentes de Missouri y el cuatro por ciento de los de Kansas son estructuralmente deficientes. Kansas ocupó el puesto 27 en la lista de 50 estados.
No sólo las agencias federales, estatales y locales responsables de implementar IIJA encontrarán los mismos obstáculos que impiden los proyectos de infraestructura multimillonarios en curso: costo; problemas políticos, de programación y técnicos; adquisición de tierras; reubicaciones de servicios públicos; y litigios ambientales, pero también complicaciones relacionadas con la pandemia. Ya existe una escasez crítica de mano de obra calificada, los costos de construcción en fuerte aumento, la disponibilidad impredecible de materiales de construcción y la actual crisis de la cadena de suministro.
Dicho esto, los contribuyentes estadounidenses esperan una acción rápida en los proyectos de infraestructura prometidos por el presidente y el Congreso y total transparencia. Todo será posible si los implementadores dedican el mismo celo a cumplir como lo hizo Washington para aprobar la legislación.
Nota bene:
El proyecto de ley de gastos de infraestructura de $1.2 mil millones reautoriza los fondos de transporte y agrega $550 mil millones en nuevos gastos federales durante los próximos cinco años.
Lea la ley H.R.3684 en línea: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684/actions.
